El separatista catalán Oriol Junqueras ya no es eurodiputado, ya que el presidente del Parlamento Europeo ha decidido cumplir una sentencia del Tribunal Supremo español.
La telenovela de los eurodiputados catalanes continúa, para vergüenza de la Unión Europea. El viernes, el Tribunal Supremo español dictaminó que Oriol Junqueras, ex vicepresidente del gobierno de Cataluña, condenado en octubre a 13 años de prisión por «sedición» y «malversación», ya no era eurodiputado, confirmando así la decisión de la Comisión Electoral Central española del 3 de enero.
Cómo ha encajado Europa el fallo del Tribunal Supremo
A raíz de esta decisión, y después de que el Parlamento Europeo reconociera el 6 de enero a Junqueras, así como a Carles Puigdemont (ex presidente del ejecutivo catalán) y a Toni Comín (ex consejero), ambos refugiados en Bélgica, como eurodiputados, su presidente, el socialista italiano David Sassoli, decidió acatar la sentencia del Tribunal Supremo español.
Y para terminar el mandato de Junqueras. No tuvo más remedio que entrar en una confrontación directa con el Estado español. Esta fue una situación barroca, ya que Junqueras fue elegido el martes como presidente de la Alianza Libre Europea (EFA), que se sienta con los Verdes.
Inmunidad parlamentaria para los políticos catalanes
El caso es preocupante porque la justicia española se basó en la sentencia de principio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 19 de diciembre, según la cual Junqueras era diputado y gozaba de inmunidad parlamentaria desde el momento en que se anunciaron los resultados de las elecciones europeas de mayo (que tuvieron lugar el 13 de junio en España). Según el Tribunal Supremo español, dado que el juicio contra este activista independentista catalán había comenzado antes de las elecciones, ya no podía reclamar la inmunidad, como es el caso de los diputados nacionales españoles.
Sin embargo, este argumento fue rechazado por los jueces europeos en su fallo. Esta decisión es tanto más extraña cuanto que el Presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, había escrito al Tribunal de Justicia de la UE el 14 de octubre para asegurarle que «la cuestión [de la inmunidad parlamentaria] sigue siendo de interés y relevancia para este Tribunal Supremo, ya que la respuesta del Tribunal de Justicia será efectiva independientemente de la situación de la prisión preventiva o del proceso penal que afecte a Junqueras»… Evidentemente, no esperaba tal decisión de los jueces de Luxemburgo.
Peor aún, el juez encargado de procesar a los líderes independentistas catalanes anunció que no respetaría la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín si iban a España, lo que constituye una violación directa de los compromisos europeos de España. Más razonablemente, el Tribunal Supremo pidió al Parlamento de Estrasburgo que levantara la inmunidad parlamentaria de los dos hombres para que la justicia belga pudiera pronunciarse sobre la nueva orden de detención europea emitida contra ellos por Madrid.
Está situación se ve además complicada por el clima político de inestabilidad que hay en España. El presidente Pedro Sanchez acaba de conseguir formar Gobierno alíandose con algunos partidos independentistas, así como
La situación de Cataluña juzgada en la UE
Esta implacabilidad judicial obligará a las instituciones comunitarias a interesarse finalmente por la situación catalana, mientras que desde el referéndum ilegal de 2017 han buscado en otros lugares. Los eurodiputados votarán por mayoría simple el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín, voto cuyo resultado está lejos de ser seguro.
Los Verdes, la izquierda radical y algunos euroescépticos del grupo RCE ya han aprovechado la ocasión para denunciar la decisión del tribunal español: «La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Estado de derecho y la democracia están siendo pisoteados en un embarazoso silencio», criticó en Twitter la representante electa de La France insoumise Manon Aubry.
El único grupo que acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo español es el PPE (conservadores), mientras que los socialistas y los centristas no hacen ningún comentario. Sobre todo, la Comisión, que debe velar por el respeto de las sentencias del Tribunal de Justicia por parte de los Estados, deberá decidir si España ha cumplido o no con la legislación europea y, en caso de que considere que no lo ha hecho, incoar un procedimiento de infracción.
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Si no lo hace, Junqueras podrá recurrir al Tribunal de Justicia, pero también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El hasta la amargura de los jueces españoles podría, por lo tanto, conducir a una guerra de jueces sin precedentes en la historia europea.